LA ORDENANZA DEL REEMPLAZO ANUAL DE 1770(1)


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Fernando Puell de la Villa


El siglo XVIII significó un cambio de inflexión en el sistema de reclutamiento de los ejércitos. Hasta 1789 ningún estado europeo se cuestionó que sus tropas constituyeran un cuerpo de profesionales retribuidos, ni la existencia del oficio de soldado. La aparición del concepto liberal de patria trajo aparejado el del soldado-ciudadano: paisano movilizado por un período de tiempo para servir a su país con las armas en la mano. El soldado profesional se reclutaba entre los candidatos que acudían voluntariamente a las banderas de enganche y ejercían su oficio hasta que morían o quedaban inválidos; el ciudadano-soldado se reclutará entre los jóvenes alistados obligatoriamente al cumplir una edad determinada por la ley, prestará servicio un plazo fijo de tiempo y se reincorporará después a su vida habitual. Antes y después subsistirían soldados forzosos y voluntarios, pero como recurso excepcional en ambos casos. Al quinto se acudió en el XVIII para una urgencia bélica concreta; al voluntario se recurrirá en el XIX y XX cuando una campaña no esté respaldada por la población.

No puede cuestionarse que a los ejércitos reales y a sus soldados profesionales se los llevó el huracán que barrió el Antiguo Régimen, pero durante éste se fueron creando los procedimientos que serían después aprovechados para sentar las bases que permitieron organizar los ejércitos nacionales y sus ciudadanos-soldados. Los diez reclutamientos forzosos dictados en los primeros sesenta años del siglo XVIII, que apenas afectaba cada uno de ellos a un dos por ciento de los solteros en edad de quintas, tuvieron que ser detalladamente justificados por el gobierno en las ordenanzas que los regularon y todos ellos obedecían a la necesidad de aumentar los efectivos militares para una campaña concreta.

A los dos años de llegar Carlos III al trono de España, La Habana fue conquistada por un ejército inglés. La pérdida de esta posición vital para la integridad del Imperio, y por tanto para la supervivencia económica de la metrópoli, es punto de referencia obligado para la futura política militar del reinado. El progresivo deterioro de las relaciones con Inglaterra hizo necesario contar con una fuerza de maniobra no ya exclusivamente disuasoria, como la existente hasta entonces, que se reforzaba en caso de guerra, sino una dispuesta permanentemente y capaz de ser transportada a cualquier punto de las Indias en el momento preciso. Para hacer frente a esta contingencia no servían los sistemas de reclutamiento utilizados hasta entonces y que dependían de la disponibilidad de hombres que voluntariamente quisieran convertirse en soldados.

La ordenanza de la quinta de 1762 introdujo un razonamiento radicalmente nuevo al justificar su promulgación. El texto no acudía a los anteriores subterfugios del exceso de desertores, ni explicaba que era una medida excepcional y obligada por las circunstancias; sencillamente exponía que los regimientos no tenían cubiertas sus plantillas y que la recluta de voluntarios no proporcionaba sucifiente número de soldados. Por otra parte se había ido generalizando una corriente de opinión entre la sociedad ilustrada que empezaba a encontrar más ventajas en los soldados que procedían de las quintas, que entre los reclutas voluntarios. Si a estas dos novedades añadimos un componente añejo, como era el acelerado deterioro de calidad de la tropa, y el revulsivo que supuso la entrada en escena del capitán general conde de Aranda dispuesto a reorganizar el ejército en profundidad, con la ayuda de un grupo de generales convencidos de las excelencias del ejército de Federico de Prusia, no es de extrañar que la década 1765-75 sea uno de los períodos más trascendentales para la historia orgánica del ejército español.

Aunque la promulgación de las Ordenanzas Generales de 1768 literal, aunque parcialmente vigentes hasta hace quince años, y cuyo espíritu, y a veces letra, se ha recogido en las de 1978¾ fue el hito del período, la ordenanza del reemplazo anual de 1770 fue el punto de partida del ordenamiento jurídico español para la regulación del reclutamiento en la forma que hoy lo concebimos.


Antecedentes


¡Nada menos que a César y a Tito Livio se remontaba Almirante en su Diccionario Militar para justificar la antigüedad del reclutamiento de voluntarios en los ejércitos del Antiguo Régimen!. Sin llegar a estos extremos, es de justicia reconocer la solera del procedimiento. En la Edad Media comenzó a llamarse soldado al militar que recibía un sueldo para diferenciarle de los que, en virtud de su condición nobiliaria, contribuían gratuitamente al esfuerzo bélico cuando eran convocados por el rey. Desde finales del siglo XV, época en la que ya puede empezar a hablarse de ejércitos permanentes, hay constancia de la existencia de hombres cuya fuente habitual de ingresos económicos era servir como soldados en una unidad militar. En el XVI hubo abundancia de voluntarios, comenzaron a escasear en el XVII y el sistema hizo crisis en el XVIII. Sin embargo, hasta la Revolución francesa, todos los países europeos mantuvieron el principio de que éste era el procedimiento más adecuado para abastecer de tropas a sus ejércitos .

La estructura socioeconómica del XVIII no era muy distinta de las del XVI y XVII y la pobreza había sido siempre el factor determinante que obligaba a los hombres a enrolarse en una unidad militar. Las dificultades a que tenían que hacer frente las clases menos favorecidas, siempre grandes, se agravaban en el invierno al reducirse la demanda de empleo para el trabajo en el campo. Era precisamente en esta estación cuando mayor actividad desarrollaban los oficiales encargados de la recluta. La suspensión de todo tipo de actividad bélica al final del otoño -la retirada a los cuarteles de invierno- servía entre otras cosas para cubrir las bajas que se hubieran producido en los regimientos. Una de las grandes preocupaciones de los generales del siglo XVIII era poder alcanzar sus bases entre la sementera y la siega, período durante el cual los hombres del campo se encontraban absolutamente desocupados y dispuestos a cualquier cosa por llevarse un pedazo de pan a la boca. Y cuanto más duro era el invierno, mayores posibilidades había de reclutar soldados.

En este entorno, la profesión de soldado era un camino abierto a las clases más desamparadas para escapar unas veces de la miseria y otras de la presión de la jurisdicción señorial, eclesiástica o incluso familiar; presión que en muchas ocasiones se parecía más a una relación amo-esclavo que a las establecidas de señor-siervo o padre-hijo. Consecuencia de ello fue que el colectivo social que voluntariamente acudía a las banderas de reclutamiento, y así lo constatan todos los tratadistas de la época, lo componían gentes desvalidas, cuando no marginadas socialmente.

Sin embargo el atractivo económico de la recluta voluntaria en una sociedad empobrecida y desempleada, así como la tradición profundamente arraigada de este sistema, no fueron estímulos suficientemente poderosos para nutrir las filas del ejército del siglo XVIII. Felipe V quiso crear un sistema militar semejante al existente en Francia -el ejército de Luis XIV tenía una excelente reputación en su época-, basado en una fuerza de maniobra permanente y profesional encargada de respaldar la acción exterior del Estado. No quería esto decir que el ejército borbónico fuera a ser mucho más numeroso que el de los Austrias, sino que su organización iba a tener una estructura fija en época de paz, con base en la Península y al servicio directo del monarca. El nuevo sistema militar quedó perfectamente definido en el primer tercio del siglo, pero todos los testimonios disponibles avalan la hipótesis de que los recién creados regimientos adolecieron de una continua carencia de efectivos y que la búsqueda de una solución para el reclutamiento de las tropas fue una preocupación constante para los gobernantes de aquel siglo.


Los métodos de reclutamiento


Los medios naturales del reemplazo son en primer lugar las reclutas voluntarias: no dudo que en hacerlas se habrá puesto toda la diligencia posible, pero las circunstancias actuales de encontrar las gentes jornal de que vivir las aparta sin duda de acudir a las banderas, y no me detengo más en este punto. Restan los dos medios, en el día casi únicos, de la leva, y el subsidiario de la quinta: ambos son forzados en qualquier forma que se executen pero justos y fundados en las leyes(2).


La recluta era el procedimiento habitual para cubrir bajas en cuerpos ya existentes, ocasionadas por licenciamiento, inhabilitación física o muerte. Se basaba en la captación de hombres a los que se ofrecía una gratificación de enganche y una soldada mensual, y era el sistema preferido por gobernantes y jefes militares porque los soldados de esta procedencia eran fiables y profesionales. Su gran inconveniente era la lentitud con la que se cubrían las vacantes y la imposibilidad de utilizarlo cuando un conflicto bélico exigía una inmediata disponibilidad de unidades completas. Conviene recordar que los llamados ejércitos permanentes de la época se componían de un mínimo de cuerpos activos, cuyo número aumentaba en caso de guerra, pero no existían masas de soldados instruidos movilizables.

La aplicación por la Justicia o leva de forzados servía para “evitar que haya ociosos voluntarios en el Reyno: expuestos a ser delinqüentes, y perjudiciales a la sociedad”(3). Es evidente que este procedimiento no era bien recibido por los reclutas voluntarios, obligados a convivir con aquella hez de la sociedad; ni por sus mandos, debido a los indeseables efectos que ocasionaba en las unidades; pero estaba totalmente asumido culturalmente e incluso bienvenido por los vecinos y responsables urbanos.

Cuando el objetivo era la creación de un cuerpo nuevo, o completar unidades para una campaña inminente, se recurría a un procedimiento más expedito que se llamó leva honrada hasta 1761 y después quinta.

La leva honrada fue en su origen una contrata que el rey hacía con un jefe militar para levantar una unidad de nueva planta. Una conducta o capitulación establecía las condiciones económicas y los servicios que se esperaban del nuevo cuerpo. Este sistema todavía se usaba al comienzo del reinado de Felipe V pero perdió vigencia cuando se consolidó la organización regimental. Desde 1726 se empezó a llamar leva al llamamiento de un número determinado de hombres, mediante el repartimiento de cupos por municipios; era un sistema antiguo(4) y tanto el rey como los súbditos eran conscientes de la excepcionalidad del procedimiento.

Quinta fue el nuevo nombre que recibió la leva en 1762 para indicar que los ayuntamientos debían seleccionar el cupo asignado precisamente por sorteo entre los mozos alistados. Etimológicamente el uso de este término para designar el reclutamiento por sorteo que se popularizó tanto que ha continuado vigente en el lenguaje popular hasta nuestros días no procede de que se eligiera para el reemplazo del ejército al veinte por ciento de la población, como en principio pudiera pensarse, sino del privilegio que tenían los monarcas medievales para reservarse un quinto del botín capturado al enemigo. Esta prerrogativa regia se transformó después en una contribución destinada específicamente al pago de las gratificaciones de recluta(5).

Durante la primera mitad del siglo XVIII, el reclutamiento de los cuerpos profesionales descansó habitualmente en el enganche de voluntarios, utilizando la quinta y la leva en casos de necesidad. El 3 de noviembre de 1726 Felipe V acudió por primera vez “al medio de las Quintas, que tanto repugna mi Real clemencia” para reclutar 8.000 hombres con destino a los Regimientos de Infantería Española(6). Pese a que en esta Ordenanza se expresaba el propósito de no volver a utilizar la quinta ¾“será la última que se practique en España, a los cuatro años se pidieron otros 4.806 hombres(7), 7.153 en 1733(8) y 7.919 en 1741 “por ser pocos los que voluntariamente quieren sentar plaza, y siempre incierta y casual su concurrencia a este efecto”(9). Fernando VI ordenó la quinta de 1746(10), y Carlos III las de 1761(11) y 1762. Esta última muestra claros signos del enojo del rey por las irregularidades detectadas en el reclutamiento de los diez mil hombres del año anterior y su articulado presenta innovaciones de redacción que se desarrollarán en la Ordenanza del reemplazo anual de 1770(12). Para el reclutamiento de las milicias se utilizó siempre el procedimiento de asignar cupos a los municipios, con diversas variantes a lo largo del período: presentación de mozos por el ayuntamiento, contribución económica equivalente o sorteo.

A lo largo de esta centuria también se ordenaron más de 30 levas, que afectaron a millares de hombres. Los más útiles se reservaban para el ejército y la marina, empleando al resto como mano de obra en carreteras, canales, etc. Entre 1730 y 1789, de los 63.010 vagos apresados se destinaron 24.899 al ejército, los que, encuadrados en regimientos de veteranos, fueron enviados a Italia, norte de África o Indias(13). A los gobiernos del siglo XVIII no les preocupaba su integración social, sino la utilidad de su empleo como peones en sus planes militares, navales y de obras públicas. Aunque este sistema de reclutamiento nunca rindió grandes beneficios y estaba muy contestado por los responsables de las unidades, el Estado consideraba que la leva de forzados tenía tres ventajas que no podían olvidarse: el ahorro que suponía para el erario público, el que permitiera no detraer tantos brazos a la agricultura y la industria y el hacer desaparecer individuos marginales de las poblaciones.

La recluta de voluntarios dependía en gran parte de la habilidad de los capitanes encargados de realizarla cuando levantaban bandera en una población. La dificultad del empeño explica la jactancia del Capitán Alonso de Contreras cuando cuenta:


[...] fuimos los primeros Capitanes que estando presente la Corte, han levantado gente y enarbolado bandera. La mía se enarboló en Antón Martín y en 27 días levanté 312 soldados, con los que salí ante los ojos de toda la Corte, en orden y yo delante(14).


Este sistema tenía una gran tradición en España. La bandera, que se confeccionaba expresamente para la recluta, se desplegaba de forma ostentosa -incluso con acompañamientos musicales- para atraer a los jóvenes. Los reclutadores realizaban una verdadera labor de propaganda, unas veces ensalzando la gloria militar, otras los méritos de su unidad o el valor de sus jefes; a veces el señuelo era el exotismo de los lugares de destino. Sotto y Montes dice que, en general, esta propaganda tendía más a entusiasmar a los candidatos que a ofrecer una imagen sincera de la vida militar se ofrecían “bolsas de enganche, fabulosas e imaginarias aventuras y botines en tierras extrapeninsulares, vida fácil y brillante, amén de rápidos ascensos, por lo que la calidad de los resultados dejaba mucho que desear(15).

La preocupación por la calidad de los reclutas se advierte en numerosos testimonios contemporáneos. Unos apuntaban que su causa era la escasez de candidatos. Así Oya y Ozores, en su descripción de los métodos de reclutamiento en el primer tercio del siglo, denunciaba que los capitanes para cubrir las vacantes de sus regimientos admitían fugitivos, delincuentes, procesados, etc., porque su principal interés era “devengar la gratificación que por ello tienen los oficiales”(16). En otros casos se achacaba esta situación al propio proceso de reclutamiento, en especial a que a los jóvenes no se les motivaba adecuadamente para atraerles hacia el ejército.

Esta falta de motivación puede atribuirse a la relativa mejora de las condiciones de vida que propiciaron las reformas económicas del XVIII y a la carencia de atractivo popular de las empresas militares de la Ilustración: España había abandonado la defensa del catolicismo en Europa y sus ejércitos luchaban por intereses dinásticos o por el mantenimiento del equilibrio de poder entre potencias. Por otra parte, la vida cuartelera no ofrecía ningún tipo de aliciente: la tropa estaba sometida a una existencia monótona, regulada hasta en los menores detalles, sin la más remota posibilidad de un mínimo de intimidad o de distracciones y siempre bajo la amenaza de un régimen disciplinario que castigaba con penas severísimas las mas ligeras desviaciones a lo establecido. Las únicas diversiones autorizadas eran pasear o ir a una cantina a beber vino, cantar y bailar. Jugar a los naipes suponía exponerse a sufrir algún castigo y visitar los cuarteles de mujeres contraer alguna enfermedad venérea que “en tiempo de paz mata más Soldados que el furor de la guerra más cruel”(17).

El procedimiento para reclutar voluntarios estuvo siempre muy estrictamente regulado. Siguiendo la tradición de los Austrias(18), las primeras Ordenanzas generales, proclamadas por Felipe V en 1728, comienzan con esta frase: “Prohibimos a todos los Oficiales, y a otras qualesquier personas, a quien éstos cometieren una Recluta, que hagan ningún Soldado por fuerza” y las penas previstas para los que infringieran esta norma eran muy graves: privación de empleo a los militares y cuatro años de prisión a los paisanos. Pero ello no evitaba que los fraudes a la Real Hacienda fueran norma común en el proceso de enganche. Se había llegado a organizar un mercado de reclutas en el que ciertos intermediarios compraban mozos en los pueblos, muchas veces con intervención del propio Ayuntamiento; estos traficantes vendían los mozos a las partidas por debajo de lo establecido como gratificación de enganche y de esta forma los capitanes de las banderas se embolsaban la diferencia.

No eran éstos los únicos desfalcos en el proceso de reclutamiento. En las unidades era habitual declarar haber realizado más reclutas que las verdaderamente efectuadas, dándoles incluso de alta en las plantillas regimentales; la existencia de estos soldados-fantasma, “a quienes en la Milicia se les da el nombre de San-Telmos”, era tan común que en Nápoles se llegó a formar un tercio con todos los que se localizaron. Otra práctica generalizada, ésta de carácter civil, fue la proliferación de tornilleros: individuos cuya manera habitual de ganarse la vida consistía en enrolarse o venderse en los pueblos como sustitutos y desertar cuando eran conducidos hacia el regimiento o nada más llegar a él: “hombres de mal vivir, que acostumbran alistarse por Soldados para recevir las pagas y socorros, y robar en los aloxamientos, y bolverse después”(19).

Cuando se promulgaba una quinta, el procedimiento era mucho menos escrupuloso. En el siglo XVII y casi durante toda la primera mitad del XVIII, la extracción se hacía por repartimientos; es decir, fijado el contingente total que se había considerado necesario, se asignaba un cupo a cada una de las grandes circunscripciones territoriales: las capitanías generales. Sus titulares repartían el cupo por intendencias y éstas por corregimientos y municipios. La administración local era la encargada de realizar la extracción de los mozos a partir de una lista elaborada en el propio municipio. Estas listas no incluían ni al estado noble ni al clero y debe recordarse que, en determinadas zonas geográficas, gozaba de estatuto nobiliario toda la población. Además existían privilegios territoriales que limitaban más este tipo de reclutamiento: aunque los antiguos reinos de la Corona de Aragón fueron progresivamente incorporándose a la quinta, el País Vasco y Navarra mantuvieron la exención hasta 1839.

Las exenciones estamentales características de la estructura social del Antiguo Régimen y la comprensible preocupación de los responsables políticos en proteger las actividades productivas dieron como resultado que, también con este tipo de reclutamiento, el colectivo del que procedían los soldados fuera exclusivamente el integrado por los sectores más desprotegidos. Para poder ver la importancia de la influencia de los estamentos en el reclutamiento, basta echar una mirada a la Real Cédula de 15 de diciembre de 1730 que eximía de levas, además de a la totalidad de los que pertenecían a los estados noble y eclesiástico, a todos los integrantes del estado llano que tuvieran cualquier relación con el Estado, con la Iglesia y con la nobleza: aprendices, bataneros, cardadores, carreteros, criados, donados, empleados, familiares, legos, músicos, obreros de Reales Fábricas, pastores, visitadores, etc.

Si los métodos para reclutar voluntarios o alistar quintos eran en general poco escrupulosos, puede uno imaginarse lo que ocurría cuando se ordenaba una leva de forzados. Marcenado, a principios del XVIII, recomendaba que se mantuvieran en secreto las órdenes para su ejecución, se procurara realizarlas en un sólo día en toda la zona y no se avisara previamente a las autoridades municipales(20). A veces no se cumplían exactamente las previsiones y los encargados de realizar la leva, bien por mala voluntad o por cobardía, en lugar de prender “al insolente, que les hace miedo o les ha sobornado”, enrolaban a cualquier vecino apocado, a los temporeros desplazados de sus lugares para la siega o la vendimia paysanos y caminantes que transitan por sus respectivas Jurisdicciones, sin más justificación que la de ser passageros y forasteros o incluso, como ocurrió en Córdoba, a todos los que salían de un teatro(21).






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