Dos siglos de servicio militar


Fernando Puell de la Villa


Esta Nochevieja, cuando suenen las campanadas en el reloj de la madrileña Puerta del Sol y se inicie el rito de las doce uvas, muy pocos caerán en la cuenta de que el año 2002 será el primero en cerca de dos siglos en que no se eche en falta al hijo, al novio, al hermano, ausentes del hogar por imperativo del servicio militar obligatorio.

Menos aún recordará la mayoría de las familias de que hubo un tiempo en que los sencillos festejos, con los que se conmemoraba la Navidad en la España rural, se veían a menudo ensombrecidos porque la llegada del nuevo año coincidiría con la marcha al cuartel de uno de los hijos, con notable merma de la economía doméstica, al dejar de contar con su jornal durante varios años, y con la angustia de que la guerra o la manigua se lo mataran, o lo devolvieran tullido o enfermo de por vida.

Algunos sí comentarán con cierta nostalgia, cuando el telediario mencione de pasada esta efemérides, que la mili ¾entrañable voz popular que también pasará al olvido, al poco tiempo de ser incluida en el Diccionario de la Real Academia¾ les brindó la oportunidad de trocar las durísimas faenas agrícolas por las urbanas, mejor reguladas y retribuidas, algo tan auténtico y común como las otras pinceladas costumbristas que ilustran Los santos inocentes de Delibes.

Bastantes más evocarán agradecidos que aprendieron a leer y escribir en el cuartel, y otros que allí prepararon y aprobaron el Certificado de Estudios Primarios, título equivalente al de Graduado Escolar y que facilitaba la promoción laboral. A este respecto, las estadísticas disponibles constatan que entre 1940 y 1986, año en que empezaron a notarse los efectos de la generalización de la Enseñanza General Básica, casi un millón de soldados fueron alfabetizados y otro medio millón completaron el ciclo de la enseñanza primaria.

También lo harán los 900.000 beneficiados por los diversos programas de formación profesional, patrocinados por las Fuerzas Armadas entre 1940 y 1975, cuya contribución a la transformación de la sociedad y de la economía españolas nunca ha sido evaluada ni reconocida.

Durante la posguerra, cuando en España apenas circulaban otros coches que taxis y camionetas, la práctica totalidad de sus conductores se sacó el carné en el cuartel y muchos aprendieron a repararlos. Entre 1940 y 1960, 400.000 soldados aprendieron a conducir vehículos ligeros y 200.000 más, pesados; también se formaron 100.000 mecánicos de automóvil y 25.000 especialistas en electrónica y electricidad. Además, varios miles se especializaron en diversos oficios de interés civil: cocineros, encofradores, fontaneros, guarnicioneros, panaderos, sastres, tapiceros, etc.

A éstos se sumaron después otros 150.000 obreros especializados en diversos oficios ¾en particular, tractoristas, soldadores, electricistas y oficiales de albañilería¾, en el marco de los Planes de Desarrollo Económico y Social del franquismo, con título expedido por el Ministerio de Trabajo, equiparable al obtenido en los cursos de Promoción Profesional Obrera (PPO).

Durante y después de la Transición, el Ministerio de Defensa no descuidó esta importante labor social y, mediante convenios con las autoridades educativas y laborales, unos 40.000 soldados más se licenciaron con mayor capacitación laboral de la que tenían al ingresar en filas.

Lo anterior respondió a esquemas políticos, sociales y culturales afortunadamente superados y muy distintos de los actuales; sin embargo, ahora que el servicio militar obligatorio toca a su fin, es el momento oportuno para rememorar la evolución y hacer balance de un sistema de reemplazo, concebido en origen para nutrir los ejércitos del liberalismo ¾masificados por la nacionalización y globalización de la guerra¾ y convertido por el emergente nacionalismo prusiano en escuela de formación de reservistas movilizables.


El punto de partida


Los ejércitos permanentes, nacidos al comienzo del siglo xvi, reemplazaban sus filas con soldados de oficio, en su mayor parte hidalgos alistados voluntariamente por un tiempo mínimo de ocho años y con derecho a sucesivos períodos de reenganche.

La cantidad y calidad de los candidatos no disminuyó hasta que las grandes guerras de religión aumentaron la demanda de tropas. Casi simultáneamente, la crisis demográfica del xvii restringió el número de mozos disponibles, al tiempo que la recesión económica obligaba a recortar la soldada. Ambos factores contribuyeron al deterioro de la recluta voluntaria, que inició el largo camino hacia su extinción.

A lo largo del siglo xviii, ningún gobernante ni militar europeo cuestionaba las ventajas de la tropa profesional, y nadie imaginaba que muy pronto desaparecería el oficio de soldado, pero todos eran conscientes de la creciente necesidad de recurrir a sistemas alternativos de reemplazo si cualquier contingencia hacía preciso completar las plantillas de las unidades, pese al reducido tamaño de los ejércitos.

Desde la Edad Media se solía levar hombres en caso de guerra. Lo más habitual, cuando se trataba de reclutar combatientes a pie, era hacerlo a través de la llamada leva honrada, gestionada por los ayuntamientos y consistente en el reparto o sorteo de un reducido número de plazas entre el estado llano.

Si la ocasión exigía marineros, se recurría a la leva forzosa, administrada por los Tribunales de Justicia que podían condenar a servir en galeras y navíos a mendigos y maleantes, así como a quienes deambularan por campos y caminos sin oficio ni beneficio, que de ahí viene el dicho.

Ambos sistemas perduraron en el tiempo y, durante el transcurso del Siglo de las Luces, la leva honrada dio paso a la quinta y la forzosa se extendió al Ejército, cuando el utilitarismo ilustrado consideró económica y socialmente rentable condenar a entrar en filas a vagos y malentretenidos, población marginal que no contribuía al progreso del país.

Ciñámonos a la quinta, término popularizado en la Guerra de Sucesión y al que dio rango oficial la Ordenanza de 1762. Los gobernantes procuraban recurrir con mesura a este procedimiento, considerado excepcional y sólo justificado en caso de guerra, cuando era imprescindible completar algunos regimientos; y la población aceptaba con resignación, no exenta de protestas puntuales y mucha picaresca, ser sorteada esporádicamente.

En realidad, la repercusión social era mínima. A lo largo del siglo xviii, solamente se dictaron trece ordenanzas de quintas. Los cupos exigidos a los ayuntamientos siempre fueron bastante reducidos: una media de 11.000 hombres, lo que apenas superaba el dos por ciento de los alistados. Y la incidencia habría sido menor si el exceso de exenciones previstas por la ley y la costumbre no hubiera eximido del sorteo a casi la mitad de los solteros en edad de quintas ¾los comprendidos entre los 18 y los 45 años¾ por su vinculación con el clero o la nobleza, por desempeñar determinados cargos u oficios, o por estar empadronados en Cataluña, Navarra y el País Vasco.

Los militares solían apreciar a los quintos, quienes demostraban ser excelentes soldados, sólo lastrados por su falta de veteranía. Tanto se extendió esta opinión que el conde de Aranda convenció a Carlos III de las ventajas de sortear anualmente las plazas vacantes existentes en los regimientos de línea. El resultado fue la llamada Ordenanza para el Reemplazo Anual de 1770, en la que se inspiró Godoy para redactar la de 1800, impregnada ya por el ideario revolucionario y utilizada para reclutar las tropas que lucharon en la Guerra de la Independencia.


Las quintas del liberalismo


La larguísima y generalizada etapa bélica iniciada a raíz de la Revolución Francesa ¾1789-1814¾ exigió muchos más soldados de los que podía proporcionar la recluta voluntaria. El problema se resolvió con la instauración del servicio militar, sustentado en el principio de que la plena consecución de los derechos ciudadanos llevaba aparejada la inexcusable obligación de participar “con las armas en la mano” en la defensa de la patria común.

Como consecuencia de lo anterior, la leva esporádica de unos miles de hombres del tercer estamento, característica del Antiguo Régimen, dio paso al reemplazo anual de la octava parte de la plantilla del ejército permanente, mediante sorteo entre los jóvenes de la clase baja, recién alcanzada su mayoría de edad.

No obstante, durante buena parte del siglo xix se mantuvo abierto el debate entre los militares, que añoraban las indudables y contrastadas ventajas de disponer de tropas veteranas y profesionales, y los políticos liberales, para quienes el concepto de “nación en armas” era la principal garantía de permanencia y estabilidad del sistema parlamentario, amenazado por los embates del absolutismo residual.

En España se impuso el reemplazo forzoso a partir de 1808. Si los vientos soplaban del lado absolutista, se alegó “la natural obligación que tienen los vasallos de toda clase y condición de concurrir a la defensa del Estado”; si del flanco liberal, presentándolo como deber inexcusable del que no podía “dispensarse ningún español sin romper el vínculo que le une al Estado”.

El primer argumento, justificativo de la Ordenanza para el Reemplazo del Ejército de 1800, se esgrimió para reclutar a los soldados que lucharon contra Napoleón, hasta que la Constitución de 1812 permitió hacerlo en nombre del liberalismo. Fernando VII volvió a valerse de aquélla para enviar tropas a América y aprovechó la ocasión para abolir las exenciones del clero, la nobleza y los funcionarios, sustituyéndolas por la llamada redención en metálico que privilegiaba la riqueza en lugar del estamento.

Las sucesivas leyes de reclutamiento isabelinas configuraron un ejército reemplazado prioritariamente por voluntarios, precisando que sólo se recurriría a la recluta forzosa en el supuesto de no alcanzarse el cupo establecido, teórico ideal desmentido año tras año por la cruda realidad.

La legislación ordinaria también desvirtuó el principio constitucional inspirador del reemplazo obligatorio, al autorizar primero la sustitución entre alistados, habitualmente mediante una transacción económica, y después la exoneración del ingreso en filas a cambio del ingreso en el Tesoro de suma considerable. De hecho, hasta 1912, la quinta sólo afectó a los más desvalidos, y también arruinó a muchas familias, dispuestas a caer en las garras de los usureros antes de perder al hijo.


La universalización del reclutamiento


Sadowa y Sedán dieron un vuelco completo a la situación. Los tratadistas atribuyeron la victoria alemana sobre los austriacos en 1866 y la debacle francesa de 1870 a la excelencia del sistema de reclutamiento prusiano, basado en alistar a toda la población masculina al alcanzar la mayoría de edad, instruirla durante un par de años y encuadrarla después en unidades de reserva movilizables, y todos los países europeos, salvo Gran Bretaña, se apresuraron a analizarlo para importarlo a sus ejércitos.

Aquellos acontecimientos coincidieron en el tiempo con el primer conato de democratización real del sistema político español, uno de cuyos principales postulados fue la promesa de abolir las quintas. Tres guerras civiles simultáneas ¾cubana, carlista y cantonal¾ forzaron a los septembristas a desdecirse de su compromiso y la situación llegó a ser tan crítica que Castelar, convencido abolicionista, se vio obligado a universalizar el servicio militar, sin privilegios ni excepciones.

Restaurada la monarquía borbónica, los gobiernos de Alfonso XII prescindieron de este antecedente y reimplantaron la injusta quinta isabelina, sin referencia alguna a su carácter complementario del voluntariado, pues Cánovas consideraba objetivamente imposible, como se había demostrado durante el Sexenio, reclutar y mantener un ejército de voluntarios.

Sin embargo, durante aquellos años los encontrados intereses de las grandes potencias europeas presagiaban el gran conflicto continental de 1914 y todos los países fueron acomodando sus sistemas de reemplazo al prusiano, que permitía disponer de fuertes reservas a poco precio.

España estaba en trance de hacerlo cuando se vio atrapada por la guerra colonial de 1895-98. El envío de tropas a Cuba y Filipinas vigorizó las protestas contra la redención y la sustitución, y el grito de ¡O todos o ninguno! empezó a corearse en los muelles y andenes donde partían los expedicionarios. Posteriormente, en Barcelona, en julio de 1909, los reservistas enviados a Melilla fueron despedidos al grito de ¡Que vayan los ricos también!

Este clamor popular, el aldabonazo de la Semana Trágica y la repercusión de la matanza del Barranco del Lobo vencieron las últimas resistencias y, en 1911, el gobierno presidido por José Canalejas, líder del Partido Demócrata, sancionó la abolición de los privilegios económicos.

El servicio militar se fue progresivamente universalizando a partir de 1912. No obstante, hasta la Guerra Civil los llamados “soldados de cuota” mantuvieron el privilegio de elegir destino, pernoctar en sus domicilios y permanecer menos meses en el cuartel, a cambio de una aportación económica. Y de 1940 a 1973, los universitarios tuvieron opción a hacer la mili en mejores condiciones que el resto de la población, si se comprometían a ingresar como alféreces o sargentos en la Escala de Complemento.

En la década de los sesenta, la supeditación del presupuesto militar a los Planes de Desarrollo exigió reducir el tiempo de servicio, y en los ochenta, la generalización de la EGB permitió acortarlo aún más.

A partir de los noventa, la redefinición de la política de defensa, la creciente participación de unidades en operaciones de arbitraje y mantenimiento de la paz fuera de nuestras fronteras, unido a la creciente resistencia de la sociedad española hacia un sistema que muchos consideraban superado, aconsejaron la búsqueda de alternativas al servicio militar obligatorio.

Así, en 1996, tras un corto período de coexistencia de soldados voluntarios y forzosos, se tomó la decisión de profesionalizar totalmente las Fuerzas Armadas en el breve plazo de seis años. La consecución de este objetivo, adelantado al 1 de enero de 2002, hará que nuestros ejércitos recuperen una tradición perdida en el tiempo y que el general Almirante, en su célebre Diccionario Militar publicado en 1869, entroncaba con los más remotos orígenes de la organización castrense.


Nota:


(1).- Publicado en : Josep Cusachs y el servicio militar en España, Madrid, Ministerio de Defensa, 2001, págs. 7-19. NIPO 076-01-032-0.


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