GOBERNADORES MILITARES EN LA PROVINCIA DE CASTELLON


GOBERNADORES MILITARES EN LA PROVINCIA DE CASTELLON


Ricardo Pardo Camacho


El decreto de abolición de los fueros de 29 de junio de 1707 abrió una nueva etapa en la organización de las instituciones valencianas, introduciendo una nueva delimitación territorial, a base de corregimientos, a cuyo frente se situó un Gobernador político-militar, que, desde el decreto de 25 de noviembre de 1708, fue también Corregidor de la ciudad cabecera del territorio. En lo que actualmente es la provincia de Castellón, aunque con la zona meridional integrada en el corregimiento de Valencia, existieron tres, que se mantuvieron hasta la instauración de la actual distribución provincial: Castellón, Morella y Peñíscola.


Todavía en plena guerra de Sucesión, Felipe V había dictado el reglamento del 1 de enero de 1706 señalando “los Oficiales de que se han de componer las Planas Mayores de las Plazas Fronterizas de las Provincias y costas de España y sueldos que han de gozar, así en campaña como en Cuartel”, aunque en él no figuró ninguna referencia a las plazas de Cataluña y Levante, pues aún se encontraban dominadas por los partidarios del Archiduque. Los Gobernadores de Plazas tendrían autoridad sobre los castillos y fortalezas dependientes de ellas, así como sobre todos los oficiales que allí residieran, aunque su graduación fuera superior a la del gobernador. Y a esta norma se fueron acogiendo las plazas de Levante conforme cayeron en poder de las tropas de Felipe V; a partir de 1729 les fue exigido a los gobernadores militares de plazas fuertes un juramento específico, obligándoles a extremar la resistencia ante el enemigo y el cumplimiento del deber militar(1).


Atendiendo a su nulo valor estratégico”, según se atrevió a pronosticar la real orden de 3 de octubre de 1749, Morella perdió su condición de gobierno militar, que no recuperó hasta 1803.


Fernando VI no modificó las atribuciones de los gobernadores, pero, respecto a la uniformidad, dispuso el 9 de junio de 1753 el empleo por los Sargentos Mayores y Ayudantes de Plaza de un uniforme “de paño azul con la divisa encarnada” y un galón en el borde de la casaca, chupa, carteras, contracarteras y bocamangas, pues hasta esa fecha los oficiales destinados en los Estados Mayores de Plaza llevaban el uniforme del último regimiento en el que habían servido. Vemos que no fue de aplicación para los gobernadores, ni para sus segundos, los Tenientes de Rey, aunque parece lícito pensar que también comenzaron a vestir este uniforme, porque la real orden de 11 de marzo de 1760 limitó las dimensiones del galón de oro de los gobernadores a “sólo dos dedos de ancho”. Si la persona que ostentaba el cargo de gobernador poseía el empleo de general hacía uso de su uniforme específico.


Y cuando Carlos III aprobó las Ordenanzas de 1768 incluyó en el artículo primero del Tratado VII del Título II el siguiente texto: “El Gobernador o Comandante de Plaza mandará a todo Oficial que exista en la de su cargo de cualquier carácter que sea, sin excepción de los Generales, a menos que alguno tenga orden expresa para mandar”.


Por un decreto de 28 de enero de 1785 Castellón fue convertido en corregimiento civil y político y en esta situación se mantuvo hasta que otro decreto de 15 de febrero de 1791 creó de nuevo el corregimiento militar y político.


El 14 de octubre de 1790 se dictó una real orden por la que se autorizó el empleo del pequeño uniforme a los gobernadores (“chupa con el galón ancho de su uniforme y el golpe de la buelta de la casaca omitiéndole en toda su extensión”), es decir, lo que actualmente se conoce como uniforme de diario, quedando el otro reservado para los días de gala.


Dos decretos de las Cortes de Cádiz, publicados el 23 de mayo de 1812, sentaron las bases de la administración local contemporánea en España, al regular la formación de ayuntamientos constitucionales y el establecimiento de las diputaciones provinciales. Aunque dado que la guerra asolaba el territorio nacional fue necesario un decreto del Congreso de 6 de enero de 1813 para coordinar la relación entre los “gefes políticos” de cada provincia y los generales en jefe de los ejércitos.


En mayo de 1813 se inició en el Congreso el estudio de un proyecto de Instrucción para el gobierno de las provincias, en el que puede leerse que “el jefe político responsable del buen orden interior de la provincia, requerirá del comandante militar de ella”, lo que nos permite intuir que habían desaparecido los gobernadores militares. Se convirtió en un decreto el 23 de junio de 1813 y separó decididamente el mando político del militar.


Al finalizar la guerra, Fernando VII dictó el Manifiesto de 4 de mayo de 1814 por el que declaró nulos todos los decretos aprobados por las Cortes, con lo que se volvió a la situación anterior. Un real decreto de 14 de julio siguiente acordaba “restablecer la práctica de conferir a los oficiales del Ejército y Armada con el mando político los Gobiernos de plazas, los de las Ordenes militares y los corregimientos en la misma forma en que estaba declarada en el año 1808”. No deben considerarse equivalentes a los cargos que venimos estudiando a los responsables de las Comandancias Militares - creadas por real decreto de 10 de agosto de 1815 y extinguidas por otro de 24 de octubre siguiente - que tenían por objeto contener, perseguir y castigar a los ladrones, contrabandistas y malhechores.


Con la llegada al poder de los liberales, por decreto de 27 de enero de 1822 se procedió al nombramiento de un jefe político en cada una de las provincias españolas, con la consiguiente supresión de los respectivos gobiernos militares(2). En las cabeceras de los trece distritos en que se dividió militarmente el territorio nacional se puso un Comandante General de Distrito y, en las provincias litorales y fronterizas en las que no residiese un comandante general, se establecieron los Comandantes Militares de Provincia. El 1 de octubre de 1823 Fernando VII volvió a decretar, de nuevo, la nulidad de todo lo legislado por el gobierno constitucional desde el 7 de marzo de 1820, aunque ya la Regencia del Reino había ordenado el 19 de junio de 1823 el cese de todos los jefes políticos.


Un decreto de 8 de septiembre de 1841 estableció que en cada provincia existiese una autoridad militar delegada del correspondiente capitán general, perteneciente a la clase de brigadier o de coronel, con el título de Comandante Militar de Provincia, aunque sabemos por las Guías de Forasteros de esos años que realmente usaron el de Comandante General, hasta que por otro real decreto de 21 de diciembre de 1852, por el que se aprobó el “Reglamento para el Cuerpo de Estado Mayor de Plazas”, volvió a denominarse Gobernador Militar, correspondiendo todos a la clase de brigadieres. En el interín surgió la figura del Gobernador Civil, creada por real decreto de 28 de diciembre de 1849, que se hizo cargo de las competencias provinciales en materia política, administrativa y económica.


En paralelo con las vicisitudes de los gobiernos militares de provincia transcurrió la organización de las plazas fuertes, que desde el decreto de 13 de septiembre de 1842(3), se dividieron en cinco clases, correspondiendo Morella a la de segunda y Peñíscola a la de tercera, siendo ambas mandadas por gobernadores, de la categoría de brigadieres en Morella y de la de jefes en Peñíscola. El 31 de marzo de 1859 fue aprobado por real orden el “Reglamento provisional para el Cuerpo de Estado Mayor de Plazas”, que mantuvo las categorías de las de Morella y Peñíscola, pero la supresión de algunos puntos fortificados y el deseo de hacer economías trajeron consigo la real orden de 29 de junio de 1863, que dejó ambas plazas en la tercera clase, con las siguientes plantillas:


Peñíscola

1 primer Comandante (Gobernador)

1 Ayudante primero

1 Ayudante tercero

Morella

1 segundo Comandante (Sargento Mayor)

1 Ayudante tercero


El 12 de julio de 1864 entró en vigor una real orden que asignó al Cuerpo de Estado Mayor de Plazas el mismo uniforme que correspondía al Arma de Infantería.


Las diferentes intentonas carlistas decidieron la creación, por real decreto de 7 de agosto de 1847, de una Comandancia General del Maestrazgo, que comprendía territorios de las provincias de Castellón, Tarragona, Teruel y Zaragoza y cuya sede se fijó en Morella, lo que no supuso la supresión del gobierno militar de Morella, a pesar de que casi durante todo el tiempo que duró la existencia de la comandancia general del Maestrazgo su titular lo fue también del gobierno de Morella.


El 1 de julio de 1866, el ministro de la Guerra, O´Donnell, suprimió, entre otros, el gobierno militar de Castellón, acuciado por la necesidad de economizar gastos en el Ejército, aunque al año siguiente Narváez lo restableció el 1 de octubre. De nuevo, el 23 de junio de 1869 se suprimieron trece gobiernos militares, incluido Castellón, debiendo asumir el cargo de Comandante Militar el oficial de más graduación de los destinados en la capital. En realidad, en la Guía de Forasteros de los años siguientes podemos comprobar que, aunque oficialmente había desaparecido, el gobierno militar de Castellón fue asumido por el comandante general del Maestrazgo, que mantuvo la denominación de gobernador militar y, al mismo tiempo, simultaneó la titularidad del gobierno de Morella.


Amadeo de Saboya decidió por decreto de 11 de febrero de 1871 la supresión de la Comandancia General del Maestrazgo, creando un gobierno militar de la provincia de Castellón, de la clase de brigadier, cuyo titular debía residir en Morella, convirtiéndose así en la capital de la provincia militar de Castellón, que además del territorio provincial actual comprendía el de la parte de la de Tarragona situada a la derecha del Ebro. Las Guías de Forasteros correspondientes mantienen los cargos de gobernador militar de Castellón y de Morella, aunque cubiertos por la misma persona, o vacantes ambos, hasta 1875. En 1884, por real orden de 17 de diciembre, se dispuso que el Gobierno Militar de Peñíscola fuera ocupado por un teniente coronel, en lugar de por un coronel, como hasta entonces estaba ordenado. Una real orden de 16 de agosto de 1889 suprimió, desde el 1º de septiembre siguiente, el cargo de Gobernador Militar de Peñíscola, quedando un destacamento mandado por un capitán. Y en fecha que no hemos logrado determinar, se suprimieron los gobiernos militares de provincias, siendo restablecidos por real decreto de 7 de octubre de 1895; en el ínterin, quedó en cada región militar, como única autoridad territorial, la del comandante en jefe del cuerpo de ejército correspondiente.


Primo de Rivera encomendó en 1923 los gobiernos civiles a los titulares de los militares(4) y, un mes más tarde(5), autorizó que los capitanes generales pusieran un militar, concretamente un general con mando en la plaza, al frente de los gobiernos civiles de las cabeceras de región militar. Al año siguiente(6), comenzó a designar a civiles al frente de ellos, aunque en Castellón este relevo no se produjo hasta el mes de noviembre.


La llegada de la República en 1931 supuso la supresión del gobernador militar, por decreto del 16 de junio, quedando al frente de cada plaza, como Comandante Militar, el jefe más antiguo de los que residieran ejerciendo cargo o mando en ella. Un decreto del Presidente de la Junta de Defensa Nacional de las tropas sublevadas, dado en Burgos el 14 de septiembre de 1936, restableció el cargo de Gobernador Militar en las capitales de provincia del territorio que iba siendo ocupado. A pesar de ello, la víspera de la ocupación de Castellón, el 12 de junio de 1938, fue nombrado un Comandante Militar. Finalizada la guerra civil, por un decreto de 24 de julio de 1939(7), se dispuso que asumiera el cargo de gobernador militar el jefe más caracterizado con mando de tropas, con residencia en cada capital de provincia(8).


Vamos a relacionar a los gobernadores militares desde aquella fecha hasta la reciente de 27 de diciembre de 1995, cuando la creación de la Delegación de Defensa, derivada de la unificación de los tres ministerios militares en el de Defensa, trajo consigo la desaparición de la figura del Gobernador Militar. En el camino, dejaron de ser corregidores, abandonaron la faceta política que inicialmente tenía el cargo y fueron suprimidos los gobiernos de Morella y Peñíscola. Durante cortos períodos de tiempo, como veremos, aparecieron y desaparecieron, pero, una y otra vez, resurgieron. Pero debe quedar constancia de que ésta es una simple aproximación al tema, siendo plenamente conscientes de que ni están todos los que fueron, ni, probablemente, fueron todos los que están.


GOBERNADORES MILITARES DE CASTELLON



CORREGIDORES DE CASTELLON



GOBERNADORES MILITARES DE CASTELLON



COMANDANTES MILITARES DE PROVINCIA DE CASTELLON



GOBERNADORES MILITARES DE CASTELLON



COMANDANTES MILITARES DE PROVINCIA DE CASTELLON



GOBERNADORES MILITARES DE CASTELLON



COMANDANTES MILITARES DE CASTELLON



GOBERNADORES MILITARES DE CASTELLON



COMANDANTES MILITARES DE CASTELLON



GOBERNADORES MILITARES DE CASTELLON





GOBERNADORES MILITARES DE MORELLA



CORREGIDORES DE MORELLA



GOBERNADORES MILITARES DE MORELLA



GOBERNADORES MILITARES DE PEÑISCOLA



COMANDANTES GENERALES DEL MAESTRAZGO



BIBLIOGRAFIA



Notas:



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